¿NUEVA POLITICA DEL AGUA? Articulo: Miguel A. Pavon Garcia Amigos de los Humedales del Sur de Alicante

El pasado día 8 asistí a la conferencia que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, pronunció en el salón de actos del Club INFORMACION bajo el nombre de «Una nueva política del agua para la España del siglo XXI». Tras la conferencia, muchas de las intervenciones del público asistente se centraron en denunciar ante la ministra la destrucción del territorio causada por la proliferación incontrolada de urbanizaciones turísticas. Unas urbanizaciones que, evidentemente, para poder ser viables necesitan tener garantizado su abastecimiento hídrico.Desde AHSA venimos denunciando durante los últimos años que el proyectado trasvase del Ebro, ahora derogado por el actual Gobierno central, tenía como objetivo fundamental garantizar el abastecimiento hídrico a la enorme operación especulativa que pretende invadir con innumerables urbanizaciones turísticas y campos de golf buena parte de las comarcas alicantinas, murcianas y almerienses. Comarcas todas ellas «agraciadas» con un benigno clima que al parecer atraería masivamente a miles y miles de jubilados centro y norteuropeos que vendrían a gozar de un supuesto retiro de oro en forma de vivienda turística adosada al correspondiente campo de golf. Pero ese benigno clima adolece de un pequeño defecto: no llueve lo suficiente como para garantizar, desde el punto de vista del abastecimiento hídrico, la viabilidad de la operación proyectada.

Una operación que estamos intentando cuantificar de forma aproximada en las comarcas de Alicante mediante un estudio que hasta el momento, y sin ser exhaustivos (seguramente se nos escapan muchos miles de viviendas y algunos campos de golf), arroja la cifra de 430.000 nuevas viviendas y de unos 30 nuevos campos de golf que se construirían durante los próximos años a corto y medio plazo. Esa cifra equivaldría a una población de un millón y medio de personas, a un consumo hídrico de al menos unos 120 hectómetros cúbicos anuales, y a una ocupación del territorio de en torno a 15.000 hectáreas (150 millones de metros cuadrados). Toda una apuesta por la insostenibilidad, no sólo ambiental, sino social e incluso, a largo plazo, económica.

De la conferencia de la ministra saqué la inquietante conclusión de que en principio, el Ministerio no va a negar el agua a esos nuevos desarrollos urbanísticos si esa agua puede suministrarse, en buena parte gracias a las nuevas desaladoras previstas. Unas desaladoras incluidas en el Programa Agua que pretenden garantizar, junto a otras medidas como la reutilización y el ahorro, el suministro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería de prácticamente el mismo volumen de agua que se pretendía traer desde el Ebro. Creemos que una nueva política del agua en nuestras comarcas no ha de basarse nunca en garantizar una oferta «ilimitada» de agua (una idea de oferta ilimitada que puede subyacer en la desalación de agua marina), sino que ha de partir necesariamente de una profunda imbricación entre planificación hídrica y ordenación del territorio, estableciendo límites al actual proceso de urbanización masiva que estamos sufriendo.

De nada sirve en nuestras comarcas cambiar el agua del Ebro por el agua de las desaladoras si al final el resultado va a ser el mismo, es decir, la masiva ocupación urbanística de un territorio ya bastante degradado en la actualidad por los procesos de urbanización ya consumados. Aunque efectivamente el Ministerio de Medio Ambiente no es competente en materia de ordenación del territorio, sí debería al menos limitar la masiva urbanización del territorio que propician nuestros ayuntamientos y la Generalitat Valenciana mediante una reducción de las previsiones de generación de nuevos caudales procedentes de la desalación. Una desalación que, por otra parte, no es inocua ambientalmente, ya que puede generar en determinados casos impactos ambientales de consideración en nuestros ecosistemas litorales (zonas húmedas, comunidades bentónicas submarinas) y que puede igualmente aumentar de forma importante nuestra demanda energética si se implanta a gran escala en un corto espacio de tiempo, tal y como se pretende, al menos en principio, por parte del Ministerio.

Querría ahora destacar dos consideraciones de la ministra realizadas en el contexto territorial de la cuenca del Segura que realmente me dejaron perplejo. Por un lado la ministra se refirió a que los cambios en el uso del suelo durante los próximos años se van a producir en el sentido de que suelos actualmente de uso agrícola de regadío van a ser urbanizados para acoger viviendas, con lo que, afirmaba la ministra, conseguiremos ahorrar agua y liberarla para otros usos, ya que las viviendas consumen menos agua que la agricultura de regadío. La segunda consideración de la ministra giraba en torno a los primeros campos de golf que la actual Confederación del Segura previsiblemente va a autorizar en Alicante, concretamente en la Vega Baja, uno de ellos (campo de golf del sector PAU 21 de Orihuela) en un enclave tan valioso y singular ambientalmente como la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor. La ministra dijo que los campos de golf que se plantean sobre terrenos actualmente dedicados al uso agrícola de regadío (en concreto cultivos citrícolas), también van a permitir liberar caudales para otros usos, ya que el césped del golf consume menos agua que los cultivos, aunque a la ministra se le olvidó mencionar que junto al campo de golf de turno suelen proyectarse algunos miles de viviendas cuyo consumo de agua también hay que incluir en el balance. En definitiva, la ministra parecía apuntar una «curiosa» solución al déficit hídrico de la cuenca del Segura: construir viviendas y campos de golf sobre suelo agrícola.

Finalmente, querría concluir estas líneas con la sospecha de que pueda existir un cierto pacto entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Murcia en el sentido de que si dichos gobiernos autonómicos dejan al Gobierno central ejecutar su plan de desaladoras alternativas al trasvase del Ebro, el Gobierno central suministrará a las operaciones urbanísticas propiciadas y amparadas por dichos gobiernos autonómicos el agua desalada que precisen. Sinceramente espero estar equivocado.

Articulo: Miguel A. Pavon Garcia